Hace apenas tres años nadie hubiera cuestionado un modelo de desarrollo que a los cántabros nos ha permitido alcanzar cotas de bienestar nunca antes conocidas. En los últimos años se ha producido un fuerte incremento del empleo, la renta per cápita ha aumentado, nuestras infraestructuras se han modernizado y hemos avanzado en la convergencia con Europa hasta superar la media en buena parte de los sectores.
Sin embargo, padeciendo en la actualidad las consecuencias de la crisis económica, aparecen de manera evidente las carencias de un modelo de desarrollo que ha fracasado en gran medida en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito ambiental. Un modelo que ha generado riqueza para muchos, pero que ha sumido en la miseria a gran parte de la humanidad, agigantando la diferencia entre las rentas más altas y las bajas. Un modelo ambientalmente insostenible, basado en el consumo indefinido y exponencial de unos recursos naturales limitados, y que está contribuyendo decisivamente a la mayor crisis ambiental de la historia: el cambio climático.
Ahora que algunos indicadores económicos sugieren que la crisis ha tocado fondo, y cuando los ultraliberales ya no recuerdan que hace escasos meses pedían la urgente intervención del estado en los mercados, sería un gravísimo error considerar la situación como un episodio cíclico más de los que ya hemos sufrido en nuestra historia. Es preciso comprender la necesidad de un profundo cambio estructural en nuestra economía y modelo de desarrollo, transitando desde ahora mismo hacia un modelo más sostenible, y actuando en los tres ámbitos de la sostenibilidad: el económico, el social y ambiental.
Frente al planteamiento profundamente conservador y arcaico que considera las cuestiones ambientales y de cohesión social como un obstáculo o inconveniente para el desarrollo y el crecimiento económico, debe imponerse otro modelo que se alimente y aproveche de ellos sabiendo encontrar ahí nuevas oportunidades y campos de expansión.
Los empleos verdes, ligados a la protección del medio ambiente, a la educación ambiental; a la gestión del suministro y depuración del agua; al reciclaje, reutilización y gestión de los residuos y por supuesto los vinculados al desarrollo de las energías renovables, se antojan como importantes generadores de empleo en el nuevo modelo económico. De igual modo los empleos blancos, consecuencia del desarrollo y ampliación de los derechos sociales tienen en España y Cantabria un gran potencial de crecimiento y requieren numerosa mano de obra. España es el país de la UE-15 que tiene un porcentaje menor de la población adulta trabajando en los servicios sociales del Estado del Bienestar, el 10,18%, frente al 14,93% de la UE-15 o el 23,8% de Suecia (Observatorio Social de España).
La Fundación Ideas, en su reciente informe “Ideas para una nueva economía” apunta que junto a sectores con gran potencial de crecimiento, como las TICs, la Biotecnología aplicada a distintos campos, o las Industrias Culturales (como la Universidad del español en Comillas) seguirán jugando un papel importante otros sectores tradicionales, que sin embargo deberán acometer una reorientación en esta fase de transición cuyo comienzo no se debe aplazar.
El ejemplo más claro es de la construcción. No se puede seguir construyendo vivienda nueva al ritmo y al precio que se estaba haciendo. Sin embargo, persiste una perentoria necesidad de viviendas para buena parte de la población, especialmente los jóvenes. En Santander, donde un mileurista tiene muy pocas posibilidades de encontrar una vivienda de alquiler, digna y asequible, y no digamos ya de comprarla, debería incentivarse la rehabilitación de edificios y la construcción y rehabilitación de viviendas de protección oficial.
El Gobierno de Cantabria está actuando en esta dirección en los últimos años, con numerosas medidas que sería prolijo enumerar en un artículo como este. Pero en el futuro inmediato, Cantabria debe despejar algunos grandes retos, como el modelo energético, apostando por la eficiencia energética (el consumo en España de toneladas equivalentes de petróleo por unidad de PIB es un 20% mayor que la media europea, y un 35% mayor que el de Alemania), y el desarrollo con determinación y definición programada de las energías renovables.
Queda pendiente aún pactar un modelo de uso del suelo. Después del avance histórico que supuso la aprobación en 2006 del Plan de Ordenación del Litoral (POL), la ordenación racional del territorio debe extenderse al resto de la región, para disponer definitivamente de un marco de ordenación que dé seguridad jurídica a los desarrollos urbanísticos e industriales, y garantice la conservación de los valores naturales, paisaje incluido.
La lucha contra el cambio climático debe convertirse en una prioridad que avance desde los planteamientos teóricos y comprometa firmemente a todas las administraciones, incluidas las locales, para acabar generando actividad económica. Sin olvidarnos del ámbito rural, al que no podemos condenar a una imparable despoblación, y donde habrá que pactar un específico y urgente plan de desarrollo sostenible.
A expensas de su desarrollo en un próximo artículo, el guión cántabro del cambio de modelo productivo podría resumirse en torno a los siguiente epígrafes: - La sustitución de los sectores en crisis (como la construcción) por nuevas actividades productivas. - El efecto de las energías renovables (eólica) sobre el desarrollo industrial y la innovación tecnológica. – Cómo transferir la innovación a las líneas concretas de producción. - El sector cántabro de la automoción y el coche eléctrico. - El empleo y la protección del medio ambiente. - Los empleos blancos y la ampliación de los derechos sociales. - El modelo territorial, el nuevo urbanismo y el Plan de construcción y rehabilitación. - Acuerdo para construir Ayuntamientos sostenibles, económica y ambientalmente.Estas y otras cuestiones, que dibujarán el futuro regional, no pueden acometerse con garantías de éxito sin el concurso de muchos. Parece conveniente pensar en un Pacto Regional para un cambio de modelo productivo, que comprometa al Gobierno, agentes sociales, sindicatos, agentes económicos, ayuntamientos y partidos, en torno al camino a seguir hacia una nueva y fortalecida economía de la región.
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